Las empresas de desalojo de okupas se multiplican durante la pandemia

Aunque sus cifras ya eran abultadas antes de la pandemia, el sector de la “mediación” para el desalojo de okupas ha experimentado un crecimiento notable durante el último año y medio. Desde 2019, las empresas dedicadas a esta actividad se han triplicado en Madrid (de tres a nueve) y las cifras de negocio se han duplicado, a pesar de que el porcentaje de pisos ocupados ha descendido un 9% durante los últimos dos años.

Estas empresas, que tienen como clientes a propietarios particulares e inmobiliarias que actúan en su nombre, pero también a grandes fondos de inversión y entidades bancarias, cobran importantes sumas de dinero por sacar a los okupas de los inmuebles a través de un procedimiento que catalogan como “mediación”.

“Organizamos lo que se denomina controles de acceso. Como mientras un okupa permanece dentro de la vivienda no podemos acceder al interior porque es ilegal, lo que se hace es organizar una cuadrilla que se encarga de hacer guardia en el inmueble. Como tarde o temprano los okupas tienen que salir a la calle para abastecerse o por el motivo que sea, una vez que han salido, nosotros prohibimos que vuelvan a entrar”

“Así, hasta que el último okupa abandona el inmueble. Vamos, que es un servicio super aburrido, pero que solo pueden prestar vigilantes titulados y empresas de seguridad privada homologadas y autorizadas por el Ministerio de Interior”, explica Antonio Caballero, fundador de una de estas empresas, en un reciente artículo en Emprendedores.

Por este servicio, las empresas especializadas en el desalojo de okupas cobran a los propietarios alrededor de 3.000 euros, un precio que puede variar en función del tipo de vivienda o los servicios adicionales que se contraten.



Los servicios alrededor del desalojo de okupas, en aumento

Además de las empresas especializadas en el desalojo de okupas, que se han convertido en un último recurso para los propietarios desesperados, a pesar de su opacidad y sus prácticas dudosas, existen otros negocios que están creciendo alrededor de este problema social. Las alarmas y los dispositivos de seguridad son algunos de ellos, y parece que seguirán en aumento durante los próximos años.

En total, se calcula que más de 150.000 viviendas y locales han sido ocupados en España. Aunque la justicia contempla mecanismos para acabar con esta situación, la lentitud del sistema empuja a lo propietarios a optar por otras alternativas, como las empresas de desalojo de okupas. En algunos casos, el problema se soluciona pagando una cantidad o haciéndose cargo de los gastos de una vivienda alternativa durante cierto tiempo.

Parte del crecimiento de estas empresas durante la pandemia -a pesar del descenso en el número de ocupaciones- puede explicarse en la moratoria de desahucios aprobada por el Gobierno hasta el mes de octubre. En este contexto, los propietarios contratan a las compañías de desalojo de okupas para intentar que los inmuebles queden libres antes de dicha fecha.

DIEGO S. ADELANTADO