La inclusión de mujeres con discapacidad en el mercado laboral aportaría 7.300 millones anuales al PIB

En general, la mayor participación laboral de las personas con discapacidad tendría un impacto económico de casi 18.800 millones de euros al año, de los que un 40% se correspondería a una mayor tasa de ocupación de mujeres con discapacidad.

En España, las mujeres con discapacidad se enfrentan a una doble desigualdad a la hora de acceder y participar en el mercado laboral: por una parte, la provocada por la discapacidad y, por otra parte, la provocada por la cuestión del género. El efecto de ambas desigualdades limita su contribución plena a la generación de las rentas del trabajo y supone un importante coste de oportunidad para el desarrollo económico del país.



En concreto, según el último informe del clúster ClosinGap -que analiza la brecha de género en la discapacidad y ha sido elaborado por Grupo Social ONCE en colaboración con Afi e ILUNION-, la mayor inclusión de las mujeres con discapacidad en el mercado laboral supondría un incremento de casi 7.300 millones de euros en el PIB español (el equivalente al 0,6% del PIB de 2019). Esta cifra representa el 40% de los 18.800 millones de euros (el 1,5% del PIB) que sumaría la economía española cada año de producirse una mayor inclusión laboral de las personas con discapacidad en general.

Adicionalmente, la elevada tasa de contratos a tiempo parcial de las mujeres con discapacidad que han logrado acceder a empleo supone un coste de oportunidad para el PIB español que supera los 1.000 millones de euros anuales. A esta cantidad se podrían sumar un impacto económico adicional de casi 700 millones de euros si desapareciera la brecha salarial entre hombres y mujeres con discapacidad (y que ascendería a 3.400 millones de euros si se igualaran los salarios de las personas con discapacidad al de los hombres sin discapacidad -el colectivo con el salario más elevado-).

En definitiva, si se eliminaran las actuales desigualdades que impiden que las mujeres con discapacidad participen más y mejor en el mercado laboral español, la economía generaría casi 9.000 millones de euros de riqueza adicional al año.

La discapacidad, principal obstáculo en el acceso al empleo

El informe de ClosinGap es un estudio pionero, ya que por primera vez contrasta las realidades de mujeres con y sin discapacidad, así como de hombres y mujeres con y sin discapacidad, lo que permite observar cómo las desigualdades de género se suman a las desigualdades que sufren las personas -hombres y mujeres- con discapacidad.

Las mayores brechas se observan en los indicadores de acceso o inclusión en el mercado laboral, que serían las tasas de actividad y de ocupación entre las personas con y sin discapacidad. En este caso, se concluye que esas desigualdades vienen determinadas por la discapacidad. En cambio, si observamos las tasas de temporalidad y de parcialidad en los contratos de trabajo, existe una gran brecha entre hombres y mujeres, independientemente del colectivo al que pertenezcan (con o sin discapacidad), por lo que en este caso las desigualdades vienen explicadas por el género. Para el presidente Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda“los datos confirman con una abrumadora rotundidad lo que ya conocíamos, que mujer y discapacidad es un binomio que, en demasiadas ocasiones, significa vulnerabilidad, exclusión, riesgo, y no estamos dispuestos a ello”.

Del estudio y comparación de las tasas de actividad y ocupación se observa como las personas con discapacidad (HCD, MCD) presentan una menor participación en el mercado laboral, independientemente del sexo, y por ello, también presentan menores tasas de ocupación que las personas sin discapacidad (HSD, MSD). Estos datos sugieren que la brecha en las tasas de actividad y ocupación depende más de la condición de discapacidad que de la condición de mujer. De hecho, las brechas de género en las personas con discapacidad son apenas imperceptibles (de 1,3 puntos porcentuales (p.p.) en la tasa de actividad y de 1,4 p.p. en la tasa de ocupación, que se comparan con los 11,1p.p. en la tasa de actividad entre hombres y mujeres sin discapacidad y los 12,4 p.p. en la tasa de ocupación).

En los últimos cinco años, además, se observa que, mientras ha aumentado el porcentaje de personas sin discapacidad en edad de trabajar que efectivamente trabajan, la tasa de ocupación de las personas con discapacidad se ha mantenido constante en torno al 25%, independientemente del sexo.

Temporalidad, parcialidad y salario: cuestión de género

Una vez dentro del mercado laboral, el informe de ClosinGap analiza las condiciones laborales de las personas ocupadas según la duración del contrato (indefinido o temporal) y la jornada laboral del mismo (completa o parcial). En este caso se observa que las mujeres en ambos colectivos cuentan con más frecuencia con contratos menos estables y se puede afirmar que las desigualdades vienen explicadas por el género, siendo las mujeres con discapacidad las que presentan una tasa de temporalidad y parcialidad más intensas (29,6% y 24,3%, respectivamente).

Por último, el análisis de los salarios medios de las personas ocupadas desvela que las brechas salariales están más condicionadas por el género que por la discapacidad y que las mujeres con discapacidad son el colectivo peor remunerado con un salario medio de 15.014 euros anuales en contrato temporal y de 18.980 euros/año en contrato indefinido. Si las mujeres con discapacidad percibieran el mismo salario que los hombres con discapacidad, esto supondría una ganancia bruta anual adicional de casi 690 millones de euros, equivalente al 0,1% del PIB.

Si se igualara la ganancia de los hombres y mujeres con discapacidad a la de los hombres sin discapacidad (que es la ganancia media más alta de todos los grupos), el impacto económico adicional superaría los 3.400 millones de euros, equivalente al 0,3% del PIB. Y, finalmente, si todos los colectivos igualasen su ganancia anual a la de los hombres sin discapacidad, el impacto potencial de cerrar la brecha salarial por discapacidad y por género se situaría en 54.400 millones de euros al año, el 4,4% del PIB de 2019.

Para Marieta Jiménez, presidenta de ClosinGap, “la aportación de este informe del Grupo Social ONCE es absolutamente esencial para entender la situación real de las mujeres con discapacidad en España y avanzar hacia una sociedad donde la diversidad y la inclusión estén siempre presentes. Además, nos permite poner sobre la mesa la evidencia generadora de un debate tan necesario en nuestra sociedad, extraer aprendizajes y adoptar medidas que corrijan las tremendas desigualdades existentes”.

Obstáculos que ralentizan el consumo

El estudio de ClosinGap elaborado por Grupo Social ONCE ha identificado además otra brecha a la que se enfrentan las mujeres con discapacidad por los mayores obstáculos a la hora de destinar las rentas del trabajo al consumo de productos, bienes y servicios, es decir, en su papel como consumidoras, tanto de forma presencial como online.

A través de una encuesta adhoc a más de 1.400 personas (mujeres con y sin discapacidad, y hombres con y sin discapacidad) se ha descubierto que el comercio online y la disponibilidad y calidad de oferta y tarifas adaptadas son los  procesos de compra que más dificultades entrañan para las personas con discapacidad y, que, en general, la mayoría de las personas con discapacidad no han renunciado al consumo a pesar de las dificultades de acceso encontradas, pero en general gastarían más si desaparecieran.

En concreto, alrededor del 60% de las personas con discapacidad encuestadas gastarían más en alimentación, vestido y calzado y peluquería y centros de estética. Las mujeres con discapacidad estarían dispuestas a gastar más en vestido y calzado, mientras que los hombres con discapacidad gastarían más en alimentación y peluquerías. Analizando otras cuestiones, la encuesta concluye que las mujeres con discapacidad gastarían más en ocio, cultura y deporte frente a los hombres con discapacidad, que priorizarían su gasto en servicios turísticos. Por último, el consumo por parte de personas con discapacidad de servicios financieros no se vería tan alterado en caso de no existir dificultades, a pesar de ser la categoría de servicios con mayor dificultad declarada tanto online como presencial.

Miguel Carballeda, presidente Grupo Social ONCE, añade que, “en el ámbito del consumo hay un reclamo claro por una mayor concienciación, empatía y formación del personal de atención al cliente. Además, la atención automatizada al cliente supone un obstáculo adicional si no es accesible para todas las personas, tanto en la compra online como en los procesos telemáticos con la administración pública”.

Vía: Equipos y Talento

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