De los algo más de 42.600 millones de euros del Plan de Recuperación ya adjudicados, en convocatorias resueltas, cerca de 16.800 millones han tenido como beneficiarias directas a las pymes. Al menos, según los datos oficiales de ejecución del propio programa gubernamental. Sin embargo, ese volumen agregado convive con una realidad mucho más desigual cuando se baja al terreno del autónomo y de la micropyme: el acceso efectivo de los pequeños negocios a estas ayudas sigue siendo limitado.
Esa brecha aparece con claridad cuando se cruza el dato global con la percepción del colectivo. En el último barómetro de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), solo el 27,8% de los profesionales por cuenta propia afirma haber accedido a alguna ayuda europea; aunque no específicamente los de recuperación. “Un porcentaje que puede vincularse directamente a la complejidad administrativa y a la dificultad de cumplir los requisitos exigidos en muchas convocatorias”, comentó a este diario Adrián Montalvo Requena, profesor del Centro Universitario Europeo de Economía y Gestión.
El debate llega, además, en un momento especialmente sensible del calendario comunitario. A los más de 16.000 millones ya canalizados hacia pymes se suman cerca de 13.000 millones pendientes de ejecución por parte de las comunidades autónomas, con plazos que vencen en 2026, mientras otros 1.100 millones continúan en suspenso a la espera de que España cumpla determinados compromisos pactados con Bruselas.
Los fondos europeos han llegado a las empresas, pero no a todas por igual
Tanto CEPYME como ATA insisten a menudo en que el problema no es la ausencia de recursos, sino la dificultad real para acceder a ellos. El presidente de esta última, Lorenzo Amor, ha señalado en numerosas ocasiones que las ayudas llegan sobre todo a quienes disponen de estructura administrativa suficiente, “mientras que el autónomo individual o la microempresa carecen de medios para afrontar procesos largos y técnicamente complejos”.
