Entre las tareas de Seguridad Social tras la vuelta del verano está redefinir el sistema de cuotas que regirá a los autónomos a partir de 2026. Culminar el desarrollo del sistema de cotización por ingresos reales es una de las prioridades en la agenda de la ministra Elma Saiz. También para los colectivos de autónomos.
Este modelo de cotización, que arrancó en 2023, se irá ajustando de forma progresiva hasta 2032 con revisiones periódicas cada tres años. Actualmente, el sistema establece 15 tramos de rendimientos netos mensuales, que deben evaluarse de cara a 2026 y los siguientes dos años.
El departamento que lidera Saiz cuenta con presentar la propuesta de los nuevos tramos en septiembre, lo que da un plazo de apenas cuatro meses para negociar con los agentes sociales. En parte por ello, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) no descartan una prórroga de las tablas de este año de cara al siguiente.
Dado el poco margen de maniobra y con las negociaciones en punto muerto, podría suceder. Otra posibilidad es que las nuevas cuotas se aprobasen a lo largo de 2026 e incluir efectos retroactivos desde el 1 de enero de ese año.
Antes del parón estival, ATA puso sobre la mesa que no negociaría nada si antes no se solventaban los errores de la actual regulación y se reformaba el cese por actividad. Dos problemas que aun Seguridad Social no ha atajado, aunque el departamento abrió la puerta a principios de verano a cambios en el llamado paro de los autónomos.
Un paro de autónomos más efectivo
Los trabajadores por cuenta propia que se enfrentan a la pérdida de su fuente de ingresos tienen derecho a la prestación por cese de actividad, también conocido como el paro de los autónomos. Sin embargo, como denuncian colectivos de autónomos como ATA, UPTA o UATAE (Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores), su acceso a esta ayuda no es tan inmediato ni sencillo como sucede con los asalariados.
Acreditar la causa del cese de actividad es casi un imposible y la razón por la que la mayoría de estas ayudas no se conceden. Hasta mayo, de las 7.781 solicitudes realizadas, un total de 4.698 peticiones fueron rechazadas. Seis de cada diez.
Es por ello que dese UPTA consideran que el sistema de protección en los términos que está planteado «no responde adecuadamente a las necesidades del colectivo» y reclaman cambios que lo transformen «en un auténtico mecanismo de protección». Urge una gestión rápida y ágil en la concesión de ayudas y una disminución de la carga administrativa asociada a estas prestaciones.
Subsidio para autónomos mayores de 52 años
Para los autónomos mayores de 52 años que hayan agotado sus prestaciones, UPTA propone la creación de un subsidio específico que ofrezca protección social y apoyo económico «con el fin de evitar situaciones de desprotección social en una franja de edad especialmente vulnerable».
Esta ayuda está dirigida a aquellos autónomos que, tras varios años de actividad, se ven en la obligación de cerrar su negocio y no cuentan con otras vías de asistencia social.
El subsidio tendría características semejantes a una prestación mensual que brinde estabilidad mientras los beneficiarios buscan reincorporarse al mercado laboral o enfrentan el proceso de cierre. La propuesta incluye que esta ayuda cubra parcialmente las limitaciones del sistema actual de cese de actividad, que es insuficiente tanto en duración como en montos.
Otras prioridades para el nuevo curso político
No es la única medida en materia de trabajo por cuenta propia que los colectivos urgen al Gobierno de cara al nuevo curso político.
En un comunicado reciente, UPTA urge al Ejecutivo a abordar una reforma fiscal para aliviar la carga fiscal que soporta el colectivo, ya que pese al crecimiento de la facturación, el 80% de los autónomos se siente «asfixiado» por los impuestos, revela el Observatorio Económico del Trabajo Autónomo. «Consideramos crucial una reforma del régimen fiscal para corregir estas desigualdades estructurales», escriben.
Otra de las medidas que consideran deben formar parte de la agenda política inmediata es la creación de un nuevo marco de prevención de riesgos laborales. Ante el aumento de accidentes laborales —con más de 32.800 accidentes y 66 fallecidos en 2024— demandan un sistema específico para autónomos «que responda a las particularidades del trabajo por cuenta propia y refuerce la seguridad de quienes ejercen en sectores de mayor exposición».
“Si queremos un trabajo autónomo que avance en el ámbito económico y social, en el ámbito de protección de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, deben de resolverse estas cinco asignaturas pendientes por parte del gobierno antes de que termine el año 2025«, sostiene presidente de UPTA, Eduardo Abad.
